Abogados Especialistas en Derecho Administrativo en Costa Rica

¿Qué hace un abogado administrativo en Costa Rica?

El derecho administrativo costarricense regula toda la actividad del Estado: la emisión de permisos y licencias, la adjudicación de contratos públicos, la imposición de sanciones a empresas y particulares, la expropiación de bienes, y la regulación económica por parte de entes como la ARESEP, SUGEF, SUGEVAL, SETENA o la DGAC. Un abogado especialista en derecho administrativo actúa cuando una decisión de autoridad pública lesiona los derechos o intereses legítimos de un ciudadano o empresa, ya sea que la decisión sea ilegal, desproporcionada o contraria al principio de igualdad de trato.

La vía administrativa: recursos previos antes del tribunal

La Ley General de la Administración Pública establece que toda persona afectada por un acto administrativo tiene derecho a impugnarlo dentro del ente emisor antes de acudir a los tribunales. Esto se hace mediante la revocatoria (ante el mismo órgano que dictó el acto) y la apelación (ante el superior jerárquico). Los plazos son generalmente de 1 mes y, en caso de incumplirlos, el acto puede quedar firme e irrecurrible. Agotada la vía administrativa sin satisfacción, se abre la puerta al Tribunal Contencioso Administrativo (TOCA).

El contencioso administrativo: demandar al Estado ante el TOCA

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TOCA) es el tribunal especializado que resuelve los litigios entre particulares y el Estado. Ante él se puede demandar la anulación de actos administrativos ilegales, el pago de daños y perjuicios causados por la actuación estatal, el cumplimiento de obligaciones del Estado, y la nulidad de contratos públicos viciados. La acción debe presentarse dentro del año siguiente al acto que la origina. Nuestro equipo tiene experiencia en contencioso administrativo en diversas materias: ambiental, tributaria, municipal, inmobiliaria y regulatoria.

Contratación pública y licitaciones: derechos de los proveedores

La Ley General de Contratación Pública y su reglamento establecen las reglas del juego para los proveedores que contratan con el Estado. Empresas que participan en licitaciones tienen derecho a impugnar carteles viciosos, apelar adjudicaciones irregulares ante la Contraloría General de la República, y reclamar incumplimientos del Estado durante la ejecución del contrato. Los plazos son muy estrictos — algunos de apenas 5 días hábiles — y la Contraloría actúa con rapidez. Nuestro equipo acompaña a proveedores desde la revisión del cartel hasta el cierre del contrato y los litigios que puedan surgir.

Responsabilidad patrimonial del Estado: cuándo el gobierno le debe una indemnización

Costa Rica reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado tanto por sus actuaciones ilegales como, en ciertos casos, por actuaciones lícitas que causen daños especiales a particulares. Esto significa que si una obra pública dañó su propiedad, si un acto administrativo ilegal le generó pérdidas económicas, o si una expropiación no fue debidamente compensada, usted tiene derecho a reclamar una indemnización. El proceso se tramita ante el TOCA y requiere acreditar el daño, el nexo causal con la actuación estatal y la antijuridicidad del perjuicio. Nuestros abogados administrativistas construyen estos casos con rigor técnico y estrategia probatoria.