En nuestro equipo de trabajo sabemos que en Costa Rica y en todo el Mundo; es una verdad incontestable que el derecho –en cuanto estudio del sistema jurídico− es una disciplina en constante formación, pues el ordenamiento jurídico se modifica en virtud de los cambios sociales, económicos y criminales, entre otros. Hoy la actividad de las organizaciones delictivas, con grandes capacidades de violencia y de corromper a los funcionarios públicos, se traduce en verdadera crisis para los principios básicos del Estado de derecho recogidos por la constitución política, en cuanto las garantías ciudadanas diseñadas para tutelar al acusado frente al poder de los entes oficiales, se han desnaturalizado y puesto al servicio de genocidas y capos de la criminalidad organizada. Me opongo radicalmente a las soluciones de hecho, pues con ello se pierde la democracia como vehículo de la libertad individual. Pero no desconozco la necesidad de actualizar, tanto desde el interno de los Estados como de los foros internacionales, la normativa constitucional para hacer efectiva la persecución penal sin disminuir los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ante las nuevas formas, se ha mudado la concepción de garantía constitucional en algunos casos: Así por ejemplo, resulta evidente la desaparición de la res iudicata en materia penal, frente a delitos de competencia de la Corte penal internacional, pues de dictarse sentencia absolutoria por los tribunales nacionales, debe intervenir la Fiscalía penal internacional para abrir los procesos ante la citada corte. Asistimos a la ruptura de paradigmas, en cuanto la comunidad internacional se ha arrogado el conocimiento de causas, inicialmente de competencia de los tribunales internos estatales, para suplir en su lugar la justicia que se dejó de aplicar. Intervención en asuntos internos de los Estados, desconocimiento de la absolutoria venida en carácter de cosa juzgada por los tribunales nacionales, cuestionamiento a la soberanía y a la libre autodeterminación de cada país, y, hasta cierto punto, la presunción de inocencia porque el Fiscal penal internacional interviene ante una absolutoria que considera injusta. La caída de la cosa juzgada arrastra esta lista de garantías.

Por ello resulta más que oportuno y conveniente volver los ojos sobre la norma fundamental, pues el derecho penal y el derecho procesal penal son derecho constitucional aplicado. Basta pensar que la pena, de prisión o de multa, es la suspensión individualizada de una garantía constitucional: la libertad o la propiedad. Pero durante el curso del proceso penal, es normal encontrar resoluciones judiciales que suspenden garantías constitucionales, como es el caso del allanamiento, cuyo efecto es la pérdida temporal de la inviolabilidad del domicilio y del derecho a la intimidad; la intervención telefónica, que suspende la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones; etc.